Un total de 70 veterinarios colegiados malagueños se manifestaron la mañana del 5 de marzo en Madrid, ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los profesionales se unieron a los casi cinco mil veterinarios de todo el país para protestar contra el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios y en defensa del criterio clínico en sus actuaciones, basado en evidencias científicas.
La concentración responde a la entrada en vigor de esta normativa, que impone la obligación de comunicar a través de PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) las recetas de antibióticos.
Manifestación
Junto al amplio grupo de compañeros, viajaron representando a la profesión malagueña veterinaria, el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque; el presidente de la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía (AMVEAC), Antonio Domínguez; el presidente de la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AMEAVE), Jesús Gutiérrez.
A las 7:30 a.m. los veterinarios malagueños salían en el AVE desde la estación María Zambrano
Numerosos medios se han hecho eco de la noticia en protesta por las restricciones en el uso y dispensación de ciertos antibióticos, el exceso de burocracia innecesaria, el fallecimiento de Selva, la primera víctima que ya se ha cobrado dicho decreto (paciente canina que falleció a la espera de un cultivo bacteriano) y todo el descontento general de los veterinarios de toda España a quienes aún no se les considera sanitarios ni guardianes de la salud pública.
El presidente De Luque fue entrevistado por Antena 3 donde expresó, en representación de los veterinarios malagueños, el descontento de la profesión por el Real Decreto 666/2023 y resaltó la importancia de la Veterinaria.
Juan Antonio de Luque fue entrevistado por Antena 3
Se denuncia por parte de toda la profesión el hecho de que se le haya anulado el criterio clínico con el agravio de una penalización desproporcionada, se les impida ser garantes de la salud pública y los veterinarios sigan sin ser considerados sanitarios.
Por su parte, la OCV reitera su compromiso con el uso racional y sostenible de los medicamentos, especialmente los antibióticos, y con la lucha contra las resistencias antimicrobianas, pero denuncia que esta normativa limita injustificadamente la capacidad de prescripción de los veterinarios, poniendo en riesgo la salud de los animales y, por tanto, la salud pública.
