El sábado 19 de diciembre se celebró de manera telemática la asamblea general ordinaria de presidentes del Consejo General de Colegios Veterinarios de España con el siguiente orden del día: Primero-. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior; Segundo-. Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio económico 2021; Tercero-. Problemática relacionada con los profesionales veterinarios en las redes sociales (libertad de expresión, intromisión ilegítima, etc.); Cuarto-. Informe del presidente.
En la asamblea fueron aprobados los presupuestos del año 2021 (disponibles en la página web), y en el último punto de la asamblea, Juan Antonio de Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, hizo un ruego con la lectura de un documento respecto al intrusismo en la fisioterapia animal, en el que han colaborado las asociaciones de AEMAVE, AVEPA, AVEE y AEVEFI (el ruego se puede ver en la zona privada de nuestra web).
Asimismo, De Luque participó en la asamblea activamente con la realización de numerosas preguntas.
El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Luis Alberto Calvo Sáez, mencionó la participación activa de la OCV en el grupo de profesiones sanitarias, junto a médicos, farmacéuticos, dentistas, enfermeros, ópticos, logopedas, podólogos y fisioterapeutas, “que posee cada vez una mayor representación al sumar cerca de un millón de titulados y va calando entre la clase política”, la mejora de la comunicación efectuada en los últimos meses y la necesidad de trabajar juntos para hacer realidad los valores de la veterinaria en la Agenda 2030, en consonancia con los principios del desarrollo sostenible.
Entre los temas planteados por los presidentes cabe destacar la mención a la posibilidad de ofertar atención psicológica, mejorar la cobertura de seguros, continuar liderando la lucha contra el intrusismo –tras el reciente dictamen del Consejo de Estado que establece las competencias exclusivas de los veterinarios en salud animal frente a los fisioterapeutas- y la aptitud de los profesionales en materia de salud pública que no se reconoce, para evitar el trato injusto frente a otras titulaciones.
21 de diciembre de 2020